André Lipp PINTO BASTO LUPI
El 16 de julio de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial de la ONU, determinó medidas provisionales en el caso Avena, ordenando la suspensión de la ejecución de Jose Ernesto Medellín en el Estado de Texas (EE.UU.) y de otros cuatro ciudadanos mexicanos. Con eso, los EE.UU. y la ONU enfréntense una vez más. El tema de ahora es la pena de muerte, decretada para ciudadanos extranjeros a los cuales les fuera negada la debida asistencia consular, por fallas de procedimiento de las autoridades estadounidenses. ¿Estará la Corte arriesgando su propia legitimidad al ordenar medidas de difícil cumplimiento?